La criminalización del activismo

Si mueres ejecutado por el narco, si te secuestran, si matan a un familiar, si defiendes tierras, migrantes, mujeres, niños, hombres, trabajadores, ideales eres blanco de ataques, claro además te expones a ser etiquetado de delincuente por las autoridades.

Es lo que está pasando desde hace mucho tiempo, incluso antes del sexenio de Calderón y el inicio de la Guerra contra el Narco, aunque es en los últimos años cuando se ha recrudecido esta persecusión contra activistas, primero de manera local y ahora a personas que no sólo trabajan por sus comunidades sino que se han convertido en personajes emblemáticos tras unirse a Jarvier Sicilia y al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que hace un llamado a detener la violencia en el país.

Cada uno continúa cargando su propia pena o causa, denunciando la falta de acción de las autoridades y el fortalecimiento de grupos delictivos e incremento de violencia. Pero bueno, quienes pueden, quienes han logrado sobrevivir.

Don Trino, Don Nepo, Pedro Leyva son sólo de los últimos casos de impunidad. A ellos se suman Eva Alarcón y Miguel Marcial Bautista, quienes a la fecha siguen desaparecidos después de que un supuesto comando del ejército los bajara del autobús donde viajaban.

Son diversos casos donde el gobierno no ha dado una respuesta concreta sobre los numeroso casos de asesinatos y desapariciones, sin embargo, sí ha acusado a estos activistas de delincuentes como parte de esta criminalización por parte del Estado quien muestra su desconocimento, falta de voluntad, cinísmo o hasta complicidad.

Padre Solalinde

Alejandro Solalinde es fundador del albergue “Hermanos en el Camino” en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, quien ha debido comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR) después de ser denunciado por un inmigrante guatemalteco por abandono.

Foto: Amnistía Internacional

Juan Francisco Silvestre, migrante guatemalteco, paso al norte e iba en buen estado de salud, a su regreso venía con una infección en los ojos, lo cual se le ayudó llevándolo a la clínica de Ciudad Ixtepec”, declaró el padre.

Sin embargo, continuó, no había especialistas y lo trajeron a Oaxaca el 29 de septiembre para su mejor atención, pero el migrante quería que lo llevaran a México “y eso ya está fuera de nuestras posibilidades”.

Por ello, éste ya no quiso nuestra ayuda y decidió irse por su lado, pero en Puebla fue donde lo detuvo el Instituto de Migración.

Por cierto es el mismo padre Solalinde quien ha pedido la desaparición del Intituto de Migración por su falta de sensibilidad en el trato a inmigrantes que pasan por nuestro país y participó en la carabana junto a familias centroamericanas pidiendo justicia para todos aquellos que se han quedado en el camino rumbo a la frontera norte o al tratar de regresar a sus países.

El día de hoy se informó que a su paso por Puebla, un comando llegó a detener a los escoltas que le fueron asignados a pesar de las denuncias de amenazas hacia su persona y de saber ésto las autoridades.

La detención se realizó con la argumentación de que se habían recibido denuncias de que se portaban de armas largas y sólo requerían la presentación de los respectivos documentos para su uso.

Este es sólo un caso pues en otra de las tantas “puntadas” del Gobierno, se afirmó que los 30 cadáveres encontrados en Veracruz el mes de septiembre contaban con antecedentes penales, según datos de Plataforma México.

Hay una frase que dice “No me corto la mano por nadie” y es cierto pero no se puede negar que el trabajo realizado por estas personas van más allá de intereses personales o de peticiones ridículas, se trata de gente pidendo lo mínimo que debería ofrecer un gobierno, justicia.

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